LO QUE DEJA EL CASO BOMBAS PARA EL CAMPO POPULAR.

Miles de pruebas desechadas o manipuladas, un Fiscal que recordó a los Fiskales ad-hok de los ´80s, un Ministro del Interior que eliminó la frontera que limita la supuesta “división de poderes” (al igual como lo hacían los concertacionistas Felipe Harboe o Francisco Vidal), un grillo que cantó más de lo común y una prensa burguesa que cumplió su triste papel; todo esto sin duda que no pueden dejar indiferente a gran parte del campo popular chileno, especialmente en los activistas y sectores organizados.

Las supuestas pruebas concluyentes se desvanecieron el aire, mientras que los “científicos” informes elaborados por “expertos”  de inteligencia terminaron siendo avalados solo por las falsas firmas de peritos.

El caso bombas terminó siendo un burdo montaje que buscó inculpar a una decena de jóvenes anarquistas, cercanos al movimiento “okupa”. Independiente de la cuestión ideológica, este caso simbolizó un fuerte golpe para el campo popular y demostró que a pesar de que la legislación burguesa no probó nada una decena de jóvenes activistas debieron estar largo tiempo en las mazmorras de la reacción incluyendo 9 meses en la Cárcel de Alta Seguridad (construida por los gobiernos demócrata cristianos de los ´90s), meses en los cuales aumentaron los bombazos.

Todo esto fue posible bajo la Ley Antiterrorista, herramienta que la burguesía que administra la represión heredó de la dictadura militar para seguir ejerciendo su hegemonía en el desarrollo de la lucha de clases. Fue mediante esta Ley que se levantaron los cargos de Asociación ilícita y la colocación de atentados de carácter terrorista. Con estas herramientas leguleyas, las cuales corresponden supuestamente a una ley que debiese ser para situaciones de emergencia y no tener un carácter permanente como lo tiene hoy, teniendo como característica principal la elevación de las penas y la no entrega de derecho alguno a los acusados como por ejemplo, entregando una información limitada a los acusados y sus defensores, con lo cual éstos difícilmente pueden armar su defensa, recibiendo información inclusive a veces por la prensa burguesa escrita, en especial La Tercera.
La calificación de los hechos como terrorista fue también descartada por el tribunal, puesto que no contenía los elementos de "violencia extrema, aguda y de afectación a la vida de las personas" que constituyen estándares en la materia, como sostuvieron los jueces durante el veredicto.

Esto sin duda debe ser tomado en cuenta por el campo popular puesto que se debe reconocer que meses de encierro en las mazmorras desarticulan a cualquier organización o terminan encausando todo el accionar de los activistas en la defensa de los presos y no en la lucha contra los explotadores y sus secuaces.

El contubernio entre los Fiscales (Peña en la batuta), los tribunales y los medios de comunicación (donde Informe Especial mostró su lado más aborrecible y antipopular) demostró cómo estos distintos aparatos ideológicos del Estado defienden a los mismos intereses; todos comandados por Rodrigo Hinzpeter quien ya se prepara para lanzar una Ley Antiterrorista 2.0 que solo será rechazada por la acción y propaganda decidida del campo popular. Este mismo Hinzpeter fue el que cuando lo llamaron a declarar se mostró más como un tigre de papel que como el sheriff que aparenta por las pantallas de TV. Todas estas medidas han sido criticadas por organismos internacionales de derechos humanos puesto que no entienden cómo la legislación chilena establece que delitos contra la propiedad y que no han afectado a personas (como si lo han hecho en innumerables situaciones el accionar represivo del Estado) puede ser considerados como delitos terroristas.

Las tareas de los revolucionarios no pueden plantearse bajo condiciones ideales, sino frente a la realidad concreta. Y en este sentido el caso bombas nos deja la enseñanza de que el Estado sin bien es cierto se encuentra completamente desgastado en cuanto a sus organismos de alienación y prácticas de explotación aún cuenta con un severo andamiaje capaz de mantener a un grupo de personas en las mazmorras de la reacción, dándolas como culpables mediante los medios de comunicación y con herramientas ilimitadas para dificultar su defensa y criminalizar a quiénes públicamente declaran su apoyo y solidaridad.

En ese sentido, el tiempo en que el “caso bombas” estuvo en la debate público el Chile rebelde y popular se ha puesto de pie, para dar la batalla no de manera individualista, sino con las masas, como pueblo, con capucha y sin ella, pero decidido a ponerle freno a tanta explotación ilimitada. 

Sin duda que la felicidad de los acusados al salir del juicio, más allá de las diferencias ideológicas y estratégicas –repetimos-, es un sentimiento de alegría compartido por el resto del campo popular. Un triunfo de la solidaridad de los abogados (no todos), de las familias, de las organizaciones que adhirieron a su defensa, de los medios populares  y de quienes mantiene en pie la consigna de la lucha y la organización popular.