LEY HINZPETER. VERDADERA ESTOCADA AL MOVIMIENTO POPULAR.

Marcha contra la Ley Hinzpeter en Valdivia.

Creer inocentemente que la burguesía, el imperialismo y todos quienes se benefician con la explotación diaria que vivimos como pueblo iban a permitir que el auge de la lucha popular que se vive por estos días siguiera en ascenso sin hacer nada se sorprendieron al escuchar en los noticiarios, entre líneas no en titulares, la aprobación de una normativa que incluye aspectos de la Ley Hinzpeter (Ley de Fortalecimiento del Órden Público), Ley que finalmente se votará en los próximos días. La aprobación de la normativa el día miércoles recién pasado fue por parte de los diputados de la comisión de Seguridad (con los DC Gabriel Silver y Matías Walker, el socialista Carlos Montes y el PPD Felipe Harboe  entre otros). Esta nueva ofensiva reaccionaria contra el campo popular incluye:

-         1.- Como agravante (se aumenta en un grado la pena) realizar desórdenes públicos en movilizaciones con el rostro cubierto, impidiendo la identificación parte de la policía o los medios de comunicación a su servicio. Es decir para todo el pueblo que lucha encapuchado para protegerse de la criminalización.

-     2.- Penalización de los dirigentes que convocan a las manifestaciones por incitar, promover o fomentar los desórdenes u otros actos de fuerza.

Pescadores luchando contra la nueva ley de pesca.

-    3.- Criminalización de las tomas, paralizaciones o interrupciones de servicios públicos como hospitales, centros de emergencias, de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte (como una toma de un canal de TV, aeropuerto, terminal de buses, posta, etc.). Al igual que invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquier otro privado, fiscal o municipal (como un paro o una toma de un colegio o universidad). Impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes (como un corte de calle o una marcha no autorizada). Atentar contra la autoridad o sus secuaces (carabineros). Emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos capaces de producir daños a las personas o la propiedad. Causar daños a la propiedad ajena de cualquier tipo sea ésta.

   Todas estas acciones serán consideradas como delito con una pena de 541 días de cárcel a 3 años.

Corte de ruta de subcontratista en ruta internacional Los Andes. Foto Voz en Fuga.

Ahora se entiende la criminalización y alharaca que montó el gobierno en la última marcha nacional convocada por el movimiento estudiantil, la cual fue calificada por sus títeres y su prensa como la marcha más violenta de la historia, cuestión completamente incomprensible para quienes hemos asistido a cientos de marchas en los últimos años. Todo ha sido parte del show para establecer estas leyes malditas, las cuales en los últimos días han sido cubiertas por grandes noticias de asesinos decapitadores, muertes de niñas en trasplantes o de menores desaparecidos; todas noticias que han escondido la criminalización legal de la protesta, la Ley de Pesca, el sueldo mínimo, etc.

Sin duda que estas medidas vienen a representar la consolidación con una política de seguridad que muy bien la implementaron antes Harboe o Belisario Velasco bajo los gobiernos concertacionistas. No es nada más que la último cuchillada de la criminalización de la protesta popular que vive nuestro pueblo. Aquella criminalización que encierra y demoniza al luchador que cubre su rostro, pero que utiliza testigos encapuchados (testigos anónimos y sin rostro) para perseguir a quienes son juzgados por la Ley Antiterrorista.

Con esta nueva Ley Maldita las acciones del pueblo en lucha como las de los trabajadores en huelga de la empresa Konecta que impidieron el paso de un tren del Metro para hacer sentir sus demandas, o las movilizaciones de Aysén y Magallanes no necesitaran invocar la Ley Antiterrorista puesto que sus medidas se aplicarán contra todos los luchadores populares. 

Trabajadores del Call center Konecta tomándose la Linea 5 del Metro para presionar por las demandas de su negociación colectiva.

Es deber de todo el pueblo manifestarse contra esta Ley y no bajar la radicalización de la protesta popular, disciplinando los métodos y aprendiendo a moverse como pez en el agua con una legislación dictatorial que busca hacer estéril lo que se ha avanzado en las luchas de los últimos años.