Miles
de pruebas desechadas o manipuladas, un Fiscal que recordó a los Fiskales
ad-hok de los ´80s, un Ministro del Interior que eliminó la frontera que limita
la supuesta “división de poderes” (al igual como lo hacían los
concertacionistas Felipe Harboe o Francisco Vidal), un grillo que cantó más de
lo común y una prensa burguesa que cumplió su triste papel; todo esto sin duda
que no pueden dejar indiferente a gran parte del campo popular chileno,
especialmente en los activistas y sectores organizados.
Las
supuestas pruebas concluyentes se desvanecieron el aire, mientras que los “científicos”
informes elaborados por “expertos” de
inteligencia terminaron siendo avalados solo por las falsas firmas de peritos.
El
caso bombas terminó siendo un burdo montaje que buscó inculpar a una decena de
jóvenes anarquistas, cercanos al movimiento “okupa”. Independiente de la
cuestión ideológica, este caso simbolizó un fuerte golpe para el campo popular
y demostró que a pesar de que la legislación burguesa no probó nada una decena
de jóvenes activistas debieron estar largo tiempo en las mazmorras de la
reacción incluyendo 9 meses en la Cárcel de Alta Seguridad (construida por los
gobiernos demócrata cristianos de los ´90s), meses en los cuales aumentaron los
bombazos.
Todo
esto fue posible bajo la Ley Antiterrorista, herramienta que la burguesía que
administra la represión heredó de la dictadura militar para seguir ejerciendo
su hegemonía en el desarrollo de la lucha de clases. Fue mediante esta Ley que
se levantaron los cargos de Asociación ilícita y la colocación de atentados de
carácter terrorista. Con estas herramientas leguleyas, las cuales corresponden
supuestamente a una ley que debiese ser para situaciones de emergencia y no tener
un carácter permanente como lo tiene hoy, teniendo como característica
principal la elevación de las penas y la no entrega de derecho alguno a los
acusados como por ejemplo, entregando una información limitada a los acusados y
sus defensores, con lo cual éstos difícilmente pueden armar su defensa,
recibiendo información inclusive a veces por la prensa burguesa escrita, en
especial La Tercera.
La calificación de los hechos como terrorista fue también descartada por el tribunal, puesto que no contenía los elementos de "violencia extrema, aguda y de afectación a la vida de las personas" que constituyen estándares en la materia, como sostuvieron los jueces durante el veredicto.
Esto
sin duda debe ser tomado en cuenta por el campo popular puesto que se debe
reconocer que meses de encierro en las mazmorras desarticulan a cualquier
organización o terminan encausando todo el accionar de los activistas en la
defensa de los presos y no en la lucha contra los explotadores y sus secuaces.
El
contubernio entre los Fiscales (Peña en la batuta), los tribunales y los medios
de comunicación (donde Informe Especial
mostró su lado más aborrecible y antipopular) demostró cómo estos distintos
aparatos ideológicos del Estado defienden a los mismos intereses; todos
comandados por Rodrigo Hinzpeter quien ya se prepara para lanzar una Ley
Antiterrorista 2.0 que solo será rechazada por la acción y propaganda decidida
del campo popular. Este mismo Hinzpeter fue el que cuando lo llamaron a declarar
se mostró más como un tigre de papel que como el sheriff que aparenta por las
pantallas de TV. Todas estas medidas han sido criticadas por organismos
internacionales de derechos humanos puesto que no entienden cómo la legislación
chilena establece que delitos contra la propiedad y que no han afectado a
personas (como si lo han hecho en innumerables situaciones el accionar
represivo del Estado) puede ser considerados como delitos terroristas.
Las
tareas de los revolucionarios no pueden plantearse bajo condiciones ideales,
sino frente a la realidad concreta. Y en este sentido el caso bombas nos deja
la enseñanza de que el Estado sin bien es cierto se encuentra completamente
desgastado en cuanto a sus organismos de alienación y prácticas de explotación
aún cuenta con un severo andamiaje capaz de mantener a un grupo de personas en
las mazmorras de la reacción, dándolas como culpables mediante los medios de
comunicación y con herramientas ilimitadas para dificultar su defensa y
criminalizar a quiénes públicamente declaran su apoyo y solidaridad.
En
ese sentido, el tiempo en que el “caso bombas” estuvo en la debate público el
Chile rebelde y popular se ha puesto de pie, para dar la batalla no de manera
individualista, sino con las masas, como pueblo, con capucha y sin ella, pero
decidido a ponerle freno a tanta explotación ilimitada.
Sin
duda que la felicidad de los acusados al salir del juicio, más allá de las
diferencias ideológicas y estratégicas –repetimos-, es un sentimiento de
alegría compartido por el resto del campo popular. Un triunfo de la solidaridad
de los abogados (no todos), de las familias, de las organizaciones que adhirieron
a su defensa, de los medios populares y
de quienes mantiene en pie la consigna de la lucha y la organización popular.
