VERANO ARDIENTE. APAGANDO EL INCENDIO CON BENCINA.

Bomberos en su traspaso al Ministerio del Interior.

         Nadie ha quedado ajeno a las noticias que vienen desde el sur referidas a incendios forestales, primero en el Parque Nacional Torres del Paine (XII Región) y luego otros en la región del Bio Bio y La Araucanía, en especial el del Fundo La Piedra de Forestal Mininco (familia Matte) en la comuna de Carahue.

       Sin embargo, muy pocos prestaron atención o recuerdan la noticia que se dio a conocer el 22 de diciembre pasado donde se anunciaba que Bomberos, al igual que la ONEMI, se incorporaba directamente al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, con el aparato represivo y de inteligencia de Rodrigo Hinzpeter incluido (sobrino de Octavio Hinzpeter Blumsak, presidente de Bomberos de Chile entre 1970 y 2006, siendo quien se “cuadró” con los militares en el ´73). Con eso no es que los Bomberos se transformen en fuerzas armadas, sino que cada uno de los hechos y operativos en que ellos acudan serán estudiados y reprimidos por la cartera específica que el gobierno tiene para eso, el Ministerio del Interior.

  Con anterioridad los presupuestos de Bomberos, ínfimos como todos sabemos, dependían del Ministerio de Hacienda el cual simplemente se encarga de entregar recursos. Con esto el Estado pretende lo siguiente:

1.  controlar y regular la formación de los Cuerpos de Bomberos, restringiendo la entrega de recursos en relación a la sumisión de los Cuerpos de Bomberos a las políticas del Estado.
2. Sin embargo, el objetivo fundamental que busca el Estado es disponer las acciones de fiscalización en el desarrollo de las acciones bomberiles, es decir montar un aparataje de inteligencia sobre todas aquellas acciones donde los bomberos actúen, especialmente los incendios. De esta manera el Estado bajo el gobierno piñerista da un zarpazo más en la escalada de criminalización de la protesta popular que viene desarrollando, puesto que permitirá enjuiciar cualquier tipo de incendio bajo la categoría de “terrorista”[1].

Denuncia de montaje de agosto de 1999.

Bajo esta propaganda ideológica es que en estos días varios de los representantes del Estado han señalado no solamente que el incendio en La Araucanía fue intencional como lo reflejan las intelectuales palabras de Piñera: “el gobierno tiene la información y la evidencia que nos hace presumir que detrás de estos incendios está la mano perversa y criminal de las personas”, sino que su cancerbero preferido va más allá puesto que tendrían serios antecedentes acerca de quienes originaron este incendio. Así por ejemplo, Hinzpeter señaló (viernes 06 de enero) que dentro de la información que recibe, estaría la hipótesis de que habría participado la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y además lo relaciona con la quema del bus y la moto de la carabinera en el día anterior en Santiago. Según este señor estos hechos “estarían efectuados con la intención de producir este pánico en la ciudadanía y por eso se configuraría lo que se denomina dolo terrorista”. Con esto el honorabilísimo Ministro dicta sentencia judicial eliminando la autonomía del poder judicial, lo que refuerza la tesis de que esta democracia es bastante de cartón.

Sin caer en las “teorías de la conspiración”, más propias de los programas de Salfate, de documentales sensacionalistas o de algunos ciudadanos quincenarios nacionales, no es antojadizo pensar que algo oscuro se teje bajo las llamaradas en territorio mapuche. Sería el broche de oro para criminalizar la lucha popular, achacándole la muerte de 7 “brigadistas” (subcontratistas de la Forestal, sin la preparación ni los insumos necesarios), el desempleo de cientos de trabajadores que laburaban subcontratados para el monopolio de la familia Matte y la justificación de los militarizados allanamientos a diversas comunidades mapuche que hemos visto en los últimos días.

El verano de este año prepara el terreno para la lucha que se nos avecina. La criminalización de la protesta del pueblo mapuche es la misma que la del resto del pueblo explotado. La solidaridad debe hacerse carne y las perspectivas de análisis deben estar desarrollándose constantemente para dar agilidad a las organizaciones populares.

Mientras los asesinos del weichafe Matías Catrileo caminan libres a 4 años de su asesinato, los luchadores populares pueblan las mazmorras de la reacción. Mientras los extranjeros que vienen a turistear al sur de Chile pagarán con dinero sus “errores” al provocar el incendio de las Torres del Paine, los peñi son juzgados por la Ley Antiterrorista que le da 15 años a quien quema un tractor de un terrateniente.

Mientras el “caso bomba” (con el ciudadano pakistaní incluido) parece ser que no hubiese existido mientras varios jóvenes vivieron meses de reclusión el Estado policiaco se acreciente y porqué, porque le teme a las masas, al pueblo que se organiza y que sabe que necesariamente la condición de los más desprotegidos mejora si se le quitan los privilegios a los explotadores.

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[1] Ya desde inicios del año pasado Carabineros y la PDI pasaron a depender del Ministerio del Interior, siguiendo un proceso de militarización de estas policías que comenzó, “en la medida de lo posible”, en el Gobierno de Patricio Aylwin.